El Gobierno busca recomponer su relación con los gobernadores tras la derrota legislativa en la Ley de Tierras, y para ello plantea un intercambio político clave: reducir el régimen de subsidios de gas en zonas frías a cambio de ampliar los bloques de electricidad subsidiada en regiones cálidas del Norte Grande.
¿Qué negociará Santilli en Posadas esta semana?
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajará este miércoles a Posadas para reunirse con los mandatarios del Norte Grande en el Consejo Regional. Aunque la Casa Rosada asegura que la agenda está acordada, fuentes provinciales advierten que los gobernadores aprovecharán el encuentro para reclamar el cumplimiento de compromisos económicos pendientes, especialmente en materia energética y obra pública.
La negociación tendrá un componente energético decisivo. Mientras el Gobierno pretende avanzar con la reducción territorial del régimen de Zona Fría —proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados— los gobernadores norteños buscarán un alivio para los hogares que enfrentan mayores consumos de electricidad durante los meses de calor intenso.
Posteriormente, el viernes Santilli viajará a Catamarca junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, para reunirse con el gobernador Raúl Jalil. Esta segunda escala forma parte de la misma estrategia de recomposición política con mandatarios que tomaron distancia del Gobierno en la votación de Tierras.
El intercambio: Zona Fría por bloques de electricidad subsidiada
El proyecto oficial de Zona Fría busca reducir el universo territorial alcanzado por los subsidios al gas y focalizar la asistencia en hogares vulnerables. La reforma dejaría fuera del esquema a determinadas zonas que actualmente reciben el beneficio, entre ellas sectores de Buenos Aires y La Pampa. El Gobierno pretende retomar su tratamiento en el Senado a partir de septiembre.
Los gobernadores del Norte plantean una contrapartida clara: a cambio de aceptar esa reducción, demandan mayores bloques de consumo eléctrico subsidiado para las zonas cálidas. La lógica es sencilla: mientras en regiones frías el mayor consumo energético proviene del gas para calefacción, en las provincias del Norte el problema se presenta durante el verano por el uso intensivo de electricidad para refrigeración y aire acondicionado.
No se trataría de crear una nueva "Ley de Zona Cálida" equivalente a Zona Fría. El planteo que circula entre los mandatarios consiste en ampliar el bloque de energía eléctrica subsidiada para los hogares alcanzados por el régimen vigente. Los usuarios tienen actualmente una determinada cantidad de kilovatios subsidiados y, una vez superado ese límite, pagan a tarifa mayor. Los gobernadores reclaman que ese bloque subsidiado sea más amplio en regiones de altas temperaturas.
La propuesta oficial contempla que el esquema pueda alcanzar a unos 1,4 millones de beneficiarios, especialmente en el Norte Grande y en determinadas zonas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis. Sin embargo, para los gobernadores aún no resulta suficiente una promesa sin respaldo legislativo concreto.
Subsidios inteligentes: territorio y vulnerabilidad social
Detrás de la discusión energética existe una diferencia conceptual profunda. El Gobierno quiere avanzar hacia un esquema de subsidios cada vez más focalizado por nivel de vulnerabilidad social. Los gobernadores pretenden incorporar también el criterio territorial, argumentando que no se puede aplicar el mismo esquema de consumo energético en una provincia patagónica que en regiones donde durante el verano las temperaturas superan regularmente los 35 grados.
El argumento que circula entre los mandatarios es que los subsidios deben ser inteligentes, contemplando vulnerabilidad social, territorio e infraestructura. El Norte Grande sostiene que el calor genera una situación energética excepcional y que el consumo de electricidad para refrigeración dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica.
Otros reclamos provinciales: fondos y obra pública
Los reclamos no se limitan a tarifas. Los gobernadores cuestionan el manejo de fondos nacionales destinados a infraestructura. Un caso que genera mayor malestar es el del fideicomiso del Sistema Vial, que recaudó alrededor de $1,5 billones mediante el impuesto a los combustibles durante el período analizado.
Según denuncias de legisladores opositores, aproximadamente $1,1 billones de esos recursos fueron destinados a inversiones financieras en lugar de ser utilizados para obras viales y mantenimiento de rutas. Los gobernadores sostienen que mientras la Nación reduce o demora la obra pública, mantiene fondos fiduciarios que originalmente tenían destinos específicos.
A ello se suma la deuda flotante, los intereses capitalizados y los compromisos acumulados con distintos sectores de la economía. El problema, según las provincias, es que la Nación puede mostrar una determinada fotografía fiscal mientras acumula obligaciones que tarde o temprano deberán ser pagadas.
Impacto para empresas y administradores: cómo afecta esta negociación
Para los dueños y administradores de empresas en el Norte Grande, el resultado de esta negociación tendrá impacto directo en los costos operativos. Una ampliación del bloque de electricidad subsidiada podría reducir las tarifas para pequeñas y medianas empresas que operan en zonas de clima cálido, mejorando su margen operativo durante los meses de mayor consumo energético.
Por otro lado, la aprobación de Zona Fría sin contrapartidas para zonas cálidas podría significar una transferencia de recursos hacia el sur del país, dejando sin respaldo fiscal a empresas del Norte que dependen de subsidios energéticos para mantener competitividad. Además, la incertidumbre sobre fondos de obra pública afecta directamente a empresas constructoras y proveedoras de servicios que operan con contratos provinciales.
La negociación también define el cronograma legislativo: si el Gobierno logra sancionar Zona Fría sin modificaciones, el debate sobre subsidios energéticos podría cerrarse temporalmente. Si cede a los reclamos de ampliación de bloques eléctricos, el proyecto deberá volver a Diputados, extendiendo la incertidumbre regulatoria. Para las pymes que operan con márgenes ajustados, esta definición es crítica para planificar inversiones y costos fijos en 2026 y 2027.
