El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) completó dos años desde su reglamentación en julio de 2024, atrayendo compromisos de inversión por US$ 46.000 millones, aunque la discusión se desplaza hacia el costo fiscal, ambiental y social de las concesiones otorgadas.
¿Qué proyectos ingresaron al RIGI en estos dos años?
Según el balance del Observatorio del RIGI, 42 proyectos ingresaron al Ministerio de Economía durante el período 2024-2026. De ese total, 21 corresponden a minería y 15 a hidrocarburos, sectores que explican más del 95% de los montos comprometidos. El análisis presentado por Mariano Novas, investigador de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), muestra una concentración notable: en agosto de 2025, el Observatorio había identificado 19 proyectos por US$ 30.760 millones, donde minería representaba el 63% y petróleo y gas el 32%.
El turismo, la tecnología, la forestoindustria y otras actividades habilitadas por el régimen mantienen una participación marginal. "El RIGI no diversificó la economía argentina", sintetizó Novas, ya que terminó agregando incentivos a sectores que ya contaban con condiciones favorables para expandirse.
Inversiones anuales esperadas y proyectos en evaluación
El ministro de Economía Luis Caputo anticipó que con los proyectos actuales se espera US$ 5.000 millones anuales de inversión en promedio durante los próximos cuatro años, considerando solo los ya aprobados. Además, contabilizó cerca de 20 proyectos más en espera de aprobación. Esta proyección refuerza el rol del RIGI como herramienta central de la estrategia de atracción de capitales del gobierno de Javier Milei.
Beneficios por tres décadas y limitaciones del margen estatal
Aprobado dentro de la Ley Bases, el RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad durante 30 años. Para el Observatorio, esas condiciones pueden limitar el margen de futuras administraciones frente a nuevas regulaciones ambientales, tributarias o sociales. El régimen incorpora mecanismos de solución de controversias entre inversores y el Estado, extendiendo protecciones a capitales extranjeros y nacionales.
Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET, la UNSAM y el Transnational Institute, señaló que el ingreso de grandes jugadores globales como Glencore, Rio Tinto, BHP y Lundin Mining en la minería de cobre incorpora el riesgo de que recurran a tribunales internacionales si consideran que una regulación estatal afecta sus inversiones. El arbitraje puede convertirse en una herramienta de presión ante decisiones vinculadas con el agua, el ambiente, los derechos laborales o los impuestos.
Cobre: magnitud de inversiones y tensiones territoriales
Durante el segundo año del RIGI, el cobre se convirtió en uno de los protagonistas de la ola de inversiones. El proyecto El Pachón, de Glencore, contempla US$ 9.500 millones, mientras que MARA proyecta otros US$ 4.000 millones. Argentina posee alrededor del 1,8% de las reservas mundiales de cobre y podría alcanzar una producción de un millón de toneladas anuales durante la próxima década.
La expansión cuprífera pone en discusión el uso del agua y la energía, la protección de glaciares y ambientes periglaciares, y la generación de encadenamientos productivos nacionales. El proyecto Vicuña, integrado por los depósitos José María y Filo del Sol en la Cordillera de San Juan, enfrenta cuestionamientos de organizaciones ambientales por su relación con ambientes glaciares. Existe interrogante sobre cuánto valor agregado argentino generarán las contrataciones locales: según datos del Observatorio Pyme, menos del 5% de las empresas pequeñas y medianas son proveedoras de los proyectos del régimen.
Hidrocarburos en el Golfo San Matías y riesgos ambientales
En Río Negro, dos grandes proyectos confluyen en el Golfo San Matías: Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy, destinados a llevar hidrocarburos al mercado internacional. VMOS prevé un oleoducto y una terminal de exportación con capacidad inicial de 550.000 barriles diarios, ampliable a 700.000. Southern Energy proyecta exportar gas natural licuado mediante buques instalados en el golfo.
El Golfo San Matías forma parte de una ecorregión de alta biodiversidad, utilizada como hábitat y corredor migratorio por especies como la ballena franca austral. Los investigadores cuestionan que las evaluaciones ambientales de VMOS se hayan realizado por tramos, sin estudiar integralmente los efectos acumulativos. Señalan riesgos de derrames, aumento del tráfico marítimo y alteraciones del ecosistema, además de efectos negativos potenciales en actividades preexistentes como la pesca y el turismo.
Costo fiscal: la zona de mayor opacidad
Una de las mayores preocupaciones radica en la falta de transparencia fiscal. Alejandro Gaggero, integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, sostuvo que todavía no existe una estimación oficial pública del costo de las exenciones concedidas por el RIGI. Según cálculos presentados durante la evaluación, apenas 12 proyectos, una vez en pleno funcionamiento, podrían generar un costo fiscal equivalente al 0,25% del PBI, convirtiendo al RIGI en el principal gasto tributario entre los regímenes de promoción económica.
Otro cálculo estimó una pérdida de recaudación cercana a US$ 1.800 millones anuales. El Observatorio reclama que el costo del régimen aparezca en la separata de gastos tributarios del Presupuesto 2027. Desde el Gobierno argumentan que las inversiones no estaban aseguradas sin el régimen.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para dueños y administradores de empresas argentinas, el RIGI plantea un panorama complejo. La discusión es distributiva: mientras grandes compañías acceden a un régimen tributario privilegiado con beneficios por 30 años, empresas de otros sectores, incluidas pymes industriales, permanecen bajo el esquema general de tributación. Esto puede profundizar la regresividad del sistema.
El RIGI se aleja de iniciativas globales que buscan combatir la elusión fiscal y establecer un piso común de tributación corporativa, como el impuesto mínimo global impulsado por la OCDE y el G20. Para las pymes, la oportunidad de ser proveedoras de estos grandes proyectos permanece limitada: menos del 5% de las pequeñas y medianas empresas son actualmente proveedoras del régimen.
Además, la concentración de inversiones en minería e hidrocarburos puede profundizar las desigualdades entre provincias, ya que las potenciales regalías se concentrarán en distritos mineros e hidrocarburíferos, mientras el Estado nacional pierde capacidad de recaudación para equilibrar esas diferencias. El debate a dos años del RIGI ya no es solo cuántas inversiones puede atraer, sino cuánto está dispuesto a resignar el Estado para conseguirlas y cómo se distribuirán sus beneficios y costos en el territorio.
