El Gobierno nacional autorizó la venta de las participaciones estatales en tres centrales termoeléctricas operadas por Energía Argentina S.A. (Enarsa), avanzando en el proceso de privatización de la empresa previsto en la Ley de Bases.
¿Cuáles son las tres plantas incluidas en la privatización?
La medida aprobada mediante decreto 1107/2026 abarca las acciones en Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., Termoeléctrica José de San Martín S.A. y, en una etapa posterior, Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. El Ministerio de Economía, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será responsable de instrumentar los procedimientos de venta mediante licitaciones públicas con alcance nacional e internacional.
En los dos primeros casos, el Estado ofrecerá la totalidad de sus participaciones accionarias. Para Termoeléctrica Manuel Belgrano, Enarsa posee 4.601.324 acciones que representan el 65,01 % del capital social. En el caso de Termoeléctrica José de San Martín, la participación estatal asciende a 4.871.709 acciones, equivalentes al 68,83 % del capital accionario. El capital restante de ambas compañías permanece en manos de agentes generadores del Mercado Eléctrico Mayorista que participaron en el Foninvemem.
Cronograma diferenciado para la Central Guillermo Brown
La operación sobre Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. seguirá un cronograma distinto. Enarsa aún no posee de manera directa las acciones que planea vender, ya que su ingreso como accionista depende de la extinción del fideicomiso creado para la construcción y operación de esa central. El fideicomiso vence el 30 de septiembre de 2026, conforme a una adenda suscripta el 9 de abril de este año.
Tras la finalización del contrato de abastecimiento con el Mercado Eléctrico Mayorista, la sociedad gerente tendrá un plazo de 90 días para realizar los actos societarios necesarios e incorporar a Enarsa como accionista. La participación de Enarsa en esta central deberá determinarse según los aportes realizados por el Estado nacional, con un piso mínimo del 70 % del capital accionario conforme a una adenda firmada en 2012. Recién después de esa incorporación, el Ministerio de Economía podrá convocar a la licitación para vender las acciones.
Antecedentes: la constitución de las termoeléctricas
Las dos primeras sociedades fueron constituidas el 13 de diciembre de 2005, en el contexto de una política de expansión de la generación eléctrica. El esquema contempló la construcción de dos centrales de ciclo combinado de al menos 800 megavatios cada una. En abril de 2006 se firmaron los fideicomisos de las centrales Manuel Belgrano y Timbúes (correspondiente a Termoeléctrica José de San Martín), con administración de recursos hasta la habilitación comercial de las plantas y recupero de inversiones a través de contratos con CAMMESA.
La participación estatal en ambas empresas fue asignada a la entonces Integración Energética Argentina S.A. en 2021. Esa compañía es la actual Energía Argentina S.A., incluida entre las firmas estatales sujetas a privatización por el artículo 7 de la Ley 27.742. El 1 de junio de 2026 se firmaron los convenios de extinción y transferencia de los fideicomisos, iniciándose el traspaso de los activos fideicomitidos a las sociedades beneficiarias.
Impacto para empresas y administradores: oportunidades en el mercado energético
Esta privatización representa una transformación estructural en la generación eléctrica argentina. Para los administradores de empresas y dueños de negocios, la medida abre oportunidades de inversión en activos de generación con trayectoria operativa comprobada. Las licitaciones públicas permiten a inversores privados nacionales e internacionales acceder a participaciones en centrales que generan ingresos recurrentes a través de contratos con el Mercado Eléctrico Mayorista.
La venta de estas acciones también impacta indirectamente en la estructura de costos del sector eléctrico. Una gestión privada de estas plantas podría mejorar eficiencias operativas y reducir presiones sobre las tarifas de energía, beneficiando a empresas consumidoras de electricidad. Sin embargo, es clave monitorear los términos de las licitaciones y las condiciones de los contratos de abastecimiento con CAMMESA, que determinarán la rentabilidad de estas inversiones y la estabilidad del suministro eléctrico nacional.
