La venta de Aysa, una de las mayores distribuidoras de agua de América Latina, entra en su fase decisiva. Los interesados tienen hasta el 27 de agosto de 2026 para presentar sus ofertas, en un proceso que el Gobierno considera una de sus privatizaciones más estratégicas. La estructura contempla entregar el 90% de la compañía a una única empresa, mientras que el 10% restante se destinará a los trabajadores.
¿Cuál es el valor estimado de la venta de Aysa?
El Gobierno estimó un precio inicial de US$ 400 millones, aunque desde el sector privado consideran que la cifra es elevada, especialmente considerando los compromisos de inversión que asume el comprador. El pliego de condiciones incluye una inversión obligatoria de US$ 5.000 millones durante los primeros 20 años de concesión, con al menos la mitad destinada a los primeros años de operación. Este monto responde a la necesidad de modernizar la infraestructura existente y ampliar la cobertura del servicio en la región metropolitana.
La magnitud de esta operación refleja el tamaño de la empresa: Aysa atiende a 14 millones de personas, posicionándola entre las operadoras de agua y saneamiento más grandes de la región. Su cartera de clientes solo es superada por redes como la de San Pablo, que alcanza los 30 millones de usuarios. Este antecedente reciente mostró el potencial de retorno: en 2024, la privatización de la empresa brasileña concluyó cuando el Estado redujo su participación del 50% al 18% mediante la venta de acciones por más de US$ 2.000 millones.
¿Quiénes son los competidores internacionales interesados?
El proceso atrajo a varios competidores de envergadura internacional, algo que no ocurrió con igual intensidad en otras privatizaciones recientes. La participación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), dependiente del Banco Mundial, en la supervisión de los pliegos, le otorgó mayor credibilidad y transparencia al proceso, ampliando el atractivo para jugadores globales.
Entre los principales interesados figura la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo (Sabesp), empresa brasileña con vasta experiencia en redes de gran escala. También compite Río Saneamento, otra firma brasileña con trayectoria consolidada en el sector. Desde Chile, Aguas Andinas mantiene su interés; esta empresa es controlada por el grupo español Agbar, que a su vez forma parte del conglomerado francés Veolia. Es relevante notar que Agbar fue anteriormente controlada por Suez, empresa que gestionó el agua en Buenos Aires antes de la creación de Aysa y cuyo contrato fue rescindido por incumplimiento.
¿Cuáles son los competidores locales?
En el plano doméstico, Grupo Roggio destaca como el competidor más relevante por la dimensión de su holding y su experiencia previa en gestión de agua. La empresa posee participación en el acueducto Gran Tulúm de San Juan, opera infraestructuras en Santa Fe y administra la planta potabilizadora que abastece a La Plata, Berisso y Ensenada. Recientemente fue preadjudicada para refuncionalizar el sistema de agua potable de Córdoba Capital y opera Aguas Cordobesas. A nivel internacional, Roggio también ejecuta obras de reservorios y redes de agua en Perú.
Otros interesados locales incluyen a Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, empresa proveedora de cloro para la potabilización en Aysa. También se especula con participación de Rowing, la firma de ingeniería de Walter Román, y de la constructora JCR. El panorama sigue abierto: se analizan múltiples alianzas tanto entre jugadores locales como con inversores internacionales que aporten financiamiento para las obras requeridas.
Requisitos y marco regulatorio del proceso
Los competidores deben cumplir con condiciones específicas establecidas en los pliegos. En primer lugar, deben acreditar experiencia comprobada en la operación de empresas prestadoras de servicios de agua. El Gobierno también estableció que la Ciudad de Buenos Aires actuará como tribunal arbitral en caso de controversias, aunque reconoció internamente dudas sobre la justicia local.
Para blindar el proceso contra litigios internacionales, los pliegos fueron elaborados con extremo cuidado. Este resguardo es especialmente relevante dado el antecedente de Aysa: durante la privatización de los años 90, el Estado fue condenado por el tribunal de arbitraje del CIADI a pagar US$ 200 millones por incumplimientos contractuales. Ese fallo contrario marcó la estrategia de protección legal del proceso actual.
El impacto de la privatización de Aysa para empresas y administradores argentinos
La concesión de Aysa representa una oportunidad crítica para mejorar la infraestructura de agua y saneamiento en la región metropolitana. Según datos de Fundación Colsecor, solo el 57,4% de la población argentina tiene acceso a cloacas. Este déficit de larga data se refleja en que, aunque el Censo 2022 registró que el 42,6% de la población carecía de cloacas (una mejora de ocho puntos porcentuales en una década), el ritmo de inversión ha sido insuficiente.
Para los administradores de empresas, la modernización de la red impacta directamente en la confiabilidad del servicio, los costos operativos y la competitividad. Durante los últimos dos años, solo se activaron dos obras de agua y saneamiento, mientras que el 80% de las obras heredadas fueron paralizadas. Un operador privado con capacidad de inversión podría revertir este escenario, mejorando la calidad del servicio y ampliando la cobertura en zonas deficitarias. Este cambio es fundamental para que las pymes y empresas de la región cuenten con infraestructura confiable para sus operaciones.
