La obra social de las Fuerzas Armadas (OSFA), antes conocida como IOSFA, atraviesa una transformación compleja bajo la gestión de Carlos Presti en el Ministerio de Defensa. La deuda acumulada durante administraciones anteriores sigue obstaculizando la normalización de prestaciones médicas a los afiliados.
¿Cuál es el estado actual de la deuda de OSFA?
La deuda de la obra social creció significativamente en los últimos años, pasando de $44 millones a más de $200 millones en la actualidad. Este incremento se originó principalmente durante la gestión de Luis Petri en la cartera de Defensa. La acumulación de pasivos ha generado que prestadores privados en todo el país suspendan la atención a afiliados, quienes deben solventar sus gastos médicos de bolsillo mientras enfrentan salarios atrasados.
Presti asumió con dos desafíos estructurales: remuneraciones extremadamente bajas para el personal militar y una obra social financieramente quebrada. Las consecuencias de esta crisis sanitaria han sido graves: en mayo de 2026 ocurrió el suicidio de un suboficial retirado de 77 años, un hecho que refleja el malestar castrense por la falta de acceso a atención médica adecuada.
¿En qué punto se encuentra la regularización de prestaciones?
Fuentes calificadas de la nueva estructura, que inició su reestructuración en enero de 2026, confirmaron que las prestaciones "siguen en proceso de regularización" y que el proceso "está en marcha y encaminado". Sin embargo, reconocieron que persisten "tensiones lógicas" producto de la deuda pendiente de las fuerzas de seguridad que migraron del IOSFA al OSFFESEG-Medicus.
El organismo tiene un plazo límite de 4 de febrero de 2027 para regularizar la deuda con la estructura anterior, según lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. Para esa fecha debe liquidarse y cerrarse definitivamente el IOSFA. La deuda de Seguridad sigue siendo reclamada formalmente en el marco de las reuniones de la comisión ad hoc que asiste al Administrador de la transición.
¿Cuándo se resolverá la deuda de las Fuerzas de Seguridad?
A pesar de estar en agosto de 2026, aún no hay claridad sobre cómo y cuándo regularizar los aportes y contribuciones mal realizados al IOSFA desde 2017 por Gendarmería y Prefectura. Desde fuentes militares se sostiene que "cuanto antes se logre hacer, antes se podrá incorporar esos fondos para ayudar a recuperar el funcionamiento de las prestaciones". El reconocimiento de la deuda por parte del Ministerio de Seguridad existe, pero los plazos y mecanismos de pago permanecen indefinidos.
¿Qué sucederá con los hoteles militares del IOSFA?
Uno de los grandes interrogantes que rodea la transformación de OSFA es el destino de los inmuebles, especialmente los hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales que pertenecían a la obra social. El área de Turismo de IOSFA, creada en 2013, gestionaba estos activos que fueron transferidos desde las tres Fuerzas Armadas cuando se conformó la estructura centralizada.
Actualmente, la gestión de estos inmuebles se encuentra bajo análisis en el nuevo directorio de OSFA, que comenzó a funcionar en marzo de 2026. Circulan rumores sobre una posible cesión a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su venta, pero fuentes de la obra social descartaron categóricamente esta posibilidad.
Voces calificadas señalan que la intención sería que los hoteles vuelvan a las Fuerzas Armadas que los aportaron originalmente en 2013. Sin embargo, no hay certezas sobre los plazos ni los mecanismos de ese traspaso. Los afiliados de Gendarmería y Prefectura permanecerán en IOSFA hasta completar su transición al OSFFESEG, con plazo máximo al 4 de agosto según el DNU 88/2026.
Impacto para empresas y administradores: la importancia de la estabilidad en OSFA
Para los dueños y administradores de empresas que emplean personal militar o tienen vínculos con proveedores de las Fuerzas Armadas, la situación de OSFA representa un factor de riesgo operativo. La inestabilidad en las prestaciones médicas afecta la retención de talento y la productividad del personal castrense que trabaja en proyectos de defensa y seguridad nacional.
Además, la incertidumbre sobre el destino de los activos inmobiliarios de la obra social impacta en la valuación de beneficios no remunerativos que ofrecen estas instituciones. Para empresas contratistas del Estado vinculadas a Defensa, la resolución de la deuda y la regularización de prestaciones es crítica, ya que repercute en la estabilidad laboral de sus proveedores y en la continuidad de servicios especializados. El cierre definitivo de IOSFA en febrero de 2027 marca un punto de quiebre administrativo que requiere seguimiento constante para evaluar riesgos financieros y operacionales.
