El Gobierno nacional activó un procedimiento de arbitraje internacional a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para frenar la explotación del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, con un ultimátum de dos semanas al Reino Unido.
¿Qué es el arbitraje que instruyó Milei contra el Reino Unido?
El presidente Javier Milei instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR, tratado que Argentina ratificó mediante la Ley 24.543. Este mecanismo permite resolver controversias sobre la interpretación o aplicación de la Convención mediante un tribunal arbitral conformado por cinco miembros cuyas decisiones son vinculantes para las partes.
El planteo argentino se enfoca en la explotación de recursos naturales y los derechos derivados del Derecho del Mar, sin que esto implique que la cuestión de soberanía sobre Malvinas sea resuelta automáticamente por el tribunal. La competencia del órgano internacional deberá definirse durante el propio procedimiento.
Al momento de ratificar la CONVEMAR, Argentina dejó constancia de una declaración específica respecto de Malvinas, sosteniendo que el tratado no alteraba su posición sobre las islas y sus espacios marítimos. En ese instrumento mencionó expresamente las Resoluciones 2065 (XX) de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconocieron la existencia de disputa y pidieron evitar decisiones unilaterales mientras continuara el proceso negociador.
El ultimátum de dos semanas: qué debe hacer Reino Unido
Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que dentro de dos semanas adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos reclamados por el país. Si Londres no responde en los términos exigidos, el Ejecutivo solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales con el objetivo de preservar los derechos soberanos que Argentina reivindica sobre la plataforma continental.
Para que el tribunal internacional ordene estas medidas cautelares, debe considerar que existe jurisdicción prima facie y que la urgencia de la situación las justifica. El Gobierno sostiene que una explotación unilateral de los recursos naturales provocaría un perjuicio "irreversible e irreparable" sobre los derechos que reivindica.
Sea Lion: cronograma de explotación y decisión de inversión
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento, ubicado al norte de las islas. La primera etapa del proyecto contempla 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, con primer petróleo previsto para 2028.
Rockhopper informó durante 2026 que la perforación está programada para comenzar a principios de 2027. Es sobre ese cronograma que el Gobierno busca operar la ofensiva jurídica argentina, intentando detener o retrasar las operaciones antes de que comiencen.
Otros frentes de la estrategia argentina: empresa THALES y conexión marítima
El comunicado presidencial abrió un segundo frente contra THALES UK LIMITED, empresa de la que Presidencia aseguró haber detectado operaciones en la ruta aérea entre Malvinas y Punta Arenas, realizadas mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de autoridades argentinas. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios administrativos, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
Además, el Gobierno expresó preocupación respecto de un proyecto de conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Excombatientes de Malvinas advirtieron que podría transformarse en una pieza logística para abastecer Sea Lion y exigieron a Cancillería que actúe según el decreto 868/26.
Impacto para empresas argentinas: por qué importa este arbitraje internacional
La estrategia de Milei traslada el conflicto por Sea Lion a un nuevo terreno jurídico internacional en un momento crítico: el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a tratarse en el Congreso. Para las empresas argentinas, esta ofensiva legal genera un escenario de mayor incertidumbre sobre la estabilidad de los marcos regulatorios en el Atlántico Sur y la posibilidad de que futuras inversiones en exploración de recursos naturales en la región enfrenten obstáculos legales internacionales.
El arbitraje también refleja una escalada diplomática que puede afectar las relaciones comerciales y de inversión con Reino Unido y terceros países. Administradores de negocios que operan con activos o intereses en la región deben monitorear el desarrollo del procedimiento, ya que una decisión favorable a Argentina podría modificar significativamente los derechos de explotación reconocidos actualmente y, inversamente, una sentencia desfavorable podría consolidar la posición británica sobre los recursos de la Cuenca Malvinas Norte.
