Trump aceptó una disposición ética que prohibiría a funcionarios federales emitir criptomonedas mientras ocupen sus cargos, aunque el mecanismo de supervisión genera tensiones entre republicanos y demócratas.
¿Quiénes quedarían alcanzados por la prohibición de criptos?
La nueva regla ética abarcaría al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso y otros funcionarios federales, según informaron fuentes familiarizadas con las negociaciones durante julio de 2026. Los detalles fueron discutidos en una llamada entre representantes de la industria y Patrick Witt, principal asesor de la Casa Blanca para asuntos de criptomonedas. Esta disposición representa un avance significativo en la Ley CLARITY, el proyecto legislativo destinado a establecer una estructura regulatoria integral para el mercado de activos digitales en Estados Unidos.
La medida busca impedir que altos funcionarios utilicen sus cargos públicos para promover o emitir activos digitales propios. Sin embargo, la propuesta aún no aclara cómo se aplicaría a empresas o proyectos cripto creados antes de que una persona asumiera su puesto, ni qué sanciones específicas contemplará la versión final de la norma.
El Departamento de Justicia como autoridad de supervisión
Según las fuentes citadas, el Departamento de Justicia (DOJ) actuaría como principal autoridad encargada de hacer cumplir la prohibición. Esta decisión ha generado fricción inmediata con legisladores demócratas, quienes argumentan que los fiscales generales de los estados deberían conservar facultades de control sobre la aplicación de las salvaguardias éticas.
La senadora demócrata por Maryland, Angela Alsobrooks, cuestionó abiertamente el diseño propuesto: "¿Este Departamento de Justicia aplicando una disposición ética? Esa no es una oferta seria, y no apoyaría el proyecto si ese es el lenguaje". Los demócratas sostienen que concentrar la supervisión en una agencia controlada por el Poder Ejecutivo reduciría la independencia de la norma, especialmente cuando las investigaciones involucren al presidente o a su administración.
Los conflictos de interés de Trump alimentan el debate
La discusión ética se produce en medio de las críticas sobre los vínculos de Trump y su familia con proyectos de criptomonedas. Entre los principales puntos de controversia figuran memecoins vinculadas al presidente y World Liberty Financial, una plataforma de finanzas descentralizadas respaldada por integrantes de la familia Trump.
Documentos financieros publicados durante 2025 indicaron que Trump recibió millones de dólares relacionados con World Liberty Financial, intensificando las dudas sobre posibles conflictos de interés de funcionarios públicos con participación directa en negocios de activos digitales. La nueva disposición buscaría prevenir que futuros presidentes, vicepresidentes y congresistas replicuen este modelo de participación en proyectos cripto mientras ejercen funciones públicas.
Las negociaciones continúan en el Senado
La Casa Blanca aseguró que continúa trabajando con el Congreso para convertir la Ley CLARITY en legislación federal. Un funcionario de la administración advirtió que los demócratas serían responsables de un eventual fracaso del proyecto, argumentando que el Gobierno había realizado concesiones significativas: "Si los demócratas del Senado bloquean esta legislación histórica después de que la administración se ha esforzado al máximo para atender sus inquietudes, las partes interesadas deben entender que son ellos quienes están impidiendo su aprobación".
La Ley CLARITY busca definir qué activos digitales quedarían bajo supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y cuáles corresponderían a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). El respaldo de Trump al principio general de la prohibición acerca a los negociadores a un acuerdo, pero no garantiza la aprobación final del proyecto.
Impacto para empresas y administradores argentinos
Aunque la Ley CLARITY es una iniciativa estadounidense, sus resultados tendrán consecuencias indirectas para empresas argentinas con operaciones en criptomonedas o que busquen expandirse hacia mercados digitales internacionales. Una regulación clara en Estados Unidos podría generar estándares que otros países, incluida Argentina, adopten parcialmente en sus marcos regulatorios propios.
Para administradores de empresas que operan con activos digitales, la aprobación de la Ley CLARITY representaría mayor certidumbre regulatoria en el mercado estadounidense y potencialmente en mercados globales. Sin embargo, si las negociaciones fracasan por desacuerdos sobre supervisión ética, la incertidumbre regulatoria podría prolongarse, afectando inversiones y decisiones estratégicas de empresas que dependen de claridad normativa en criptomonedas. Mantenerse atento a los desarrollos legislativos estadounidenses es crucial para empresas argentinas con exposición al ecosistema cripto.
