Lácteos Verónica presentó concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17 de Buenos Aires, declarando un pasivo de $15.945 millones. La histórica empresa láctea santafesina busca evitar la quiebra tras meses de parálisis productiva, falta de pago de salarios y crecimiento acelerado de deudas.
¿Cuál es el estado financiero de Lácteos Verónica?
La firma, operada por la familia Espiñeira, expone obligaciones bancarias por $4.745 millones y más de 2.900 cheques rechazados que suman un saldo superior a $11.200 millones. Entre sus acreedores figuran instituciones financieras como Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro.
La deuda se acumuló durante 2025 y 2026, período en el cual la empresa cesó operaciones. Según datos entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas externas de Verónica superaron los USD 102 millones, principalmente hacia Argelia y otros mercados africanos y de Medio Oriente. Sin embargo, ese antecedente exportador contrasta con el colapso financiero que enfrentó posteriormente.
Crisis laboral y afectación a productores tamberos
La parálisis productiva impactó directamente en aproximadamente 150 productores tamberos que suministraban materia prima a la empresa. Estos productores acumularon deudas estimadas en alrededor de USD 60 millones que reclaman a la compañía.
Lácteos Verónica opera tres plantas de procesamiento en territorio santafesino: Clason, Lehmann y Suardi. Durante los meses previos al concurso preventivo, la empresa dejó de pagar salarios a sus empleados, generando una crisis laboral que requirió intervención estatal. El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Trabajo encabezado por Roald Báscolo, otorgó asistencia económica y alimentaria a las familias afectadas.
Intentos previos de resolución y procedimiento preventivo
Antes de recurrir al concurso preventivo, Verónica implementó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que contemplaba la desvinculación de aproximadamente 200 empleados. Esta iniciativa no logró resolver el conflicto ni detener el deterioro financiero de la compañía, por lo que la empresa optó finalmente por la presentación judicial ante el Juzgado Nacional en lo Comercial.
El gremio Atilra, a través de su delegado en Lehmann Domingo Possetto, expresó la incertidumbre que atravesaron los trabajadores: "No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer". La ausencia de respuestas directas del directorio mantuvo la tensión durante meses.
Recuperación parcial: operatoria a fasón con Copalac
En paralelo con el proceso judicial, surgió una alternativa parcial para recuperar actividad. La cooperativa cordobesa Copalac, radicada en Morteros e integrada por productores tamberos, acordó operar a fasón la planta de Suardi. Este esquema contempla el ingreso de leche cruda para secado y elaboración de leche en polvo, permitiendo ocupación provisoria para alrededor de 30 trabajadores.
Copalac asumirá responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de seguridad social de los empleados incorporados en este acuerdo. Sin embargo, el alcance es limitado considerando la magnitud del conflicto y la situación de las otras dos instalaciones que permanecen paralizadas.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
El caso de Lácteos Verónica ilustra riesgos críticos en la gestión financiera y operativa de empresas medianas en el sector agroindustrial argentino. Para administradores y dueños de negocios, esta situación subraya la importancia de mantener equilibrio entre deuda bancaria, obligaciones con proveedores y capital de trabajo disponible.
La acumulación de cheques rechazados (más de 2.900 documentos) refleja una gestión de tesorería deteriorada que afectó a toda la cadena de valor: empleados, productores tamberos y entidades financieras. Para empresas en sectores similares, el concurso preventivo de Verónica representa una advertencia sobre los costos reputacionales y operativos de no resolver problemas de liquidez a tiempo. La presentación judicial, tramitada con patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, abre un proceso de reorganización que determinará qué activos y operaciones pueden recuperarse y bajo qué condiciones.
