Intercargo inició el desmantelamiento de operaciones en aeropuertos regionales tras la fallida licitación de venta, generando alertas sobre un posible vaciamiento de la empresa estatal. Los trabajadores denuncian que la compañía ofrece mudanzas a Buenos Aires o retiros con el 50% de indemnización, afectando a más de 20 empleados en la Patagonia.
¿Qué pasó con la venta de Intercargo?
El Gobierno declaró desierta la licitación de Intercargo a mediados de 2026 tras no alcanzar el precio de reserva. La empresa se había ofrecido en venta con sus 21 operaciones por US$ 45 millones a principios de año, pero las propuestas recibidas quedaron significativamente por debajo de ese monto, lo que motivó el fracaso del proceso de privatización.
Estrategia de desmantelamiento en aeropuertos regionales
Luego del fracaso de la licitación, Intercargo comenzó a ceder operaciones de mangas a los concesionarios locales. En paralelo, la empresa notificó a trabajadores de aeropuertos patagónicos —Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y El Calafate— que tenían 90 días para decidir su futuro: mudarse a Buenos Aires o retirarse con compensación reducida del 50% sobre la indemnización que les correspondería.
El sindicato de Aeronáuticos (APA) rechaza la versión oficial de que se trata de una medida operativa. Señala que Intercargo mejoró su balance en el primer trimestre de 2026, reportando un resultado primario de $9.588 millones, lo que descarta problemas de rentabilidad como justificación del cierre.
Impacto operativo y conectividad aérea
La preocupación sindical adquiere dimensión estratégica en Río Gallegos, donde Intercargo gestiona las operaciones de vuelos hacia las Islas Malvinas. El traspaso a operadores privados podría concentrar esa conectividad en actores sin arraigo local, alterando la cadena de servicios en una ruta de importancia geopolítica.
Hasta 2024, Intercargo mantenía el monopolio de mangas, operaciones en pista y gestión de cintas transportadoras. El Gobierno habilitó entonces a quince empresas competidoras, desregulando un sector que hasta entonces era exclusividad de la compañía estatal.
Posición oficial del Gobierno
Desde el Ministerio de Economía justifican el movimiento como una "medida operativa" de saneamiento basada en la falta de vuelos y clientes en escalas patagónicas. Argumentan que la reubicación de equipamiento responde a criterios de funcionalidad y que el personal dispuesto a mudarse será recolocado en otras bases donde sea necesario, tal como ocurrió en Corrientes y Santa Fe.
El Gobierno añade que el servicio ya no es monopólico y existen operadores alternativos para pasajeros y aerolíneas, por lo que el cierre de Intercargo en estas escalas no afectaría la prestación de servicios aeroportuarios.
Impacto para empresas y administradores en la cadena de servicios aeroportuarios
Para dueños y administradores de empresas vinculadas a la aviación comercial, este proceso marca un cambio radical en la estructura de proveedores de servicios en tierra. La fragmentación de operaciones entre múltiples actores privados implica negociaciones directas con cada operador regional en lugar de un interlocutor único estatal.
Las aerolíneas y empresas de handling deberán evaluar la capacidad operativa y costos de los nuevos proveedores en cada aeropuerto. En escalas de menor tráfico como las patagónicas, la concentración de servicios en uno o dos operadores privados podría elevar tarifas y reducir flexibilidad contractual. Quienes operan rutas internacionales o hacia Malvinas enfrentarán incertidumbre sobre continuidad de servicios y cambios en estándares operativos durante la transición.
