El economista Daniel Artana planteó una diferencia estratégica con el Gobierno nacional respecto a la inversión en infraestructura. Mientras la administración Milei mantiene un rumbo fiscal restrictivo, Artana sostuvo que la Argentina necesita un programa integral de obras públicas y que existen proyectos cuyo costo no puede trasladarse exclusivamente a quienes los utilizan.
¿Por qué no todo se puede pagar con cargo al usuario?
Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), explicó que hay obras de infraestructura cuya financiación no puede recaer enteramente sobre los usuarios. Para ilustrar su argumento, recurrió al ejemplo de Chile, líder regional en participaciones público-privadas (PPP): aun con una participación importante del sector privado, el Estado chileno destina el 3,5% del PBI a inversión pública. Esto demuestra que incluso en modelos con fuerte presencia privada, el Estado debe asumir costos que no pueden monetizarse directamente.
El Gobierno actual, en cambio, ha optado por no utilizar la obra pública como herramienta de reactivación económica, priorizando el equilibrio fiscal. Artana reconoció que esa decisión es deliberada, pero señaló que genera un costo de oportunidad: especialmente en el sector construcción, más inversión pública podría generar empleo y movimiento económico inmediato.
La transición económica y sus costos desiguales
El país transita desde un modelo orientado al mercado interno —con restricciones y regulaciones— hacia otro con mayor apertura al comercio internacional y las exportaciones. Artana consideró que transformaciones de esa magnitud generan transiciones complejas y que desde la política pública pueden diseñarse instrumentos para reducir esos costos.
Sin embargo, observó una diferencia en cómo el Gobierno ha distribuido esos amortiguadores. Destacó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue el gasto que ganó a la inflación, priorizando a sectores de menores recursos. En cambio, para los segmentos de ingresos medios y altos, señaló que "no hubo mucho paliativo". Artana coincidió con la negativa presidencial a implementar "planes Platita", argumentando que generan alivio inmediato pero costos mayores a futuro: recordó que hacia finales de 2023, cuando se aplicaron medidas similares, la inflación alcanzó niveles de entre 10% y 12% mensual.
Política monetaria contractiva y expectativas de reactivación
Respecto a la política monetaria, Artana señaló que el Banco Central mantiene una orientación contractiva mientras la inflación continúe elevada, lo que limita impulsos inmediatos para la actividad económica. Una mayor liquidez podría generar movimiento en el corto plazo, pero no forma parte de la estrategia actual.
Frente a ese escenario restrictivo, la administración nacional apuesta por herramientas alternativas:
- Flexibilidad para préstamos en dólares
- Inversión en rutas y conectividad
- Proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
La expectativa oficial es que los desembolsos de estas iniciativas traccionan la actividad económica sin comprometer el equilibrio fiscal.
Impacto en el escenario electoral y riesgos para empresas
Consultado sobre si la dificultad para reactivar la economía afectaría las perspectivas electorales de Milei en 2027, Artana fue directo: "Pone en riesgo su reelección". Aunque aclaró que aún falta tiempo para los comicios, señaló que hace cuatro o cinco meses dejó de ser cierto que Milei tuviera encaminada la reelección en primera vuelta, resultado que parecía probable tras las elecciones de octubre de 2025.
La incertidumbre también se refleja en el riesgo país: ronda los 500 puntos, indicador que Artana utilizó para dimensionar cómo el mercado valúa el escenario político. Si los inversores creyeran probable un triunfo del kirchnerismo, el indicador estaría en 2.000 puntos, sugirió.
Qué significa para administradores y dueños de empresas
Para los empresarios argentinos, el análisis de Artana plantea un dilema: la falta de reactivación económica vía obra pública y política monetaria expansiva limita el crecimiento de demanda interna, mientras que las herramientas disponibles (RIGI, dólares, rutas) benefician principalmente a grandes inversiones. Las pymes y empresas medianas que no acceden a esos esquemas enfrentan un entorno de bajo consumo y restricción crediticia.
La incertidumbre electoral también impacta: mientras el mercado descuente una reelección presidencial menos segura, la volatilidad del riesgo país afecta el costo de financiamiento y las decisiones de inversión. Para administradores de empresas, esto significa que las decisiones de expansión o endeudamiento deben calibrarse considerando tanto el escenario fiscal contractivo actual como la volatilidad política que se anticipa hacia 2027.
