India evalúa crear organismos de autorregulación para supervisar el mercado de criptomonedas bajo vigilancia del Banco de la Reserva (RBI) o la Junta de Valores (SEBI), mientras 39,3 millones de usuarios verificados operan sin reconocimiento legal formal de los activos digitales.
¿Cómo funcionaría la autorregulación cripto en India?
El Comité Permanente de Finanzas del Parlamento indio recomendó, en su informe presentado el 23 de julio de 2026, permitir que organizaciones de autorregulación (SRO) supervisen temporalmente el mercado de criptomonedas. El esquema operaría bajo vigilancia estatal mientras el gobierno prepara una legislación permanente para los activos digitales.
Las SRO reconocidas establecerían y harían cumplir estándares de conducta para empresas del sector. El RBI o la SEBI asumirían la supervisión de estas entidades, limitando conflictos de interés y asegurando cumplimiento de obligaciones comunes. La protección del inversor sería prioritaria en el modelo propuesto.
Entre las funciones esperadas figuran:
- Auditoría de reservas de exchanges
- Atención de reclamos de usuarios
- Separación legal de fondos de clientes respecto del balance corporativo
- Verificación de cumplimiento regulatorio
El comité examinó sistemas de Reino Unido, Singapur, Estados Unidos y la Unión Europea antes de proponer este esquema. La separación de activos busca impedir que dinero de usuarios se mezcle con obligaciones financieras de las plataformas, permitiendo mayor claridad en caso de insolvencia.
Impuestos sin reconocimiento legal: la paradoja regulatoria india
India aplica actualmente un impuesto del 30% sobre ganancias con criptomonedas y una deducción en la fuente del 1% en transacciones de activos digitales. Sin embargo, estos gravámenes no significan reconocimiento formal como clase de activo.
El Ministerio de Finanzas mantiene los activos cripto fuera del alcance regulatorio general, exceptuando materia tributaria, lavado de dinero y reportes. Esta situación genera una paradoja: usuarios deben cumplir obligaciones fiscales pero no cuentan con protección regulatoria equivalente frente a fallas de plataformas o disputas comerciales.
El comité solicitó mayor claridad sobre categorías legales aplicables a tokens. Algunos funcionarían como valores, otros como derivados, generando consecuencias directas para exchanges, emisores, custodios e inversionistas. Sin definiciones precisas, las autoridades enfrentan dificultades para determinar qué reglas aplican a cada producto.
La postura restrictiva del RBI vs. la propuesta parlamentaria
La recomendación parlamentaria contrasta con la posición del Banco de la Reserva de India, que expresó en mayo y junio de 2026 su preferencia por una política orientada hacia la prohibición de criptomonedas. El RBI argumenta que stablecoins vinculadas al dólar podrían afectar la soberanía monetaria del país.
El banco central sugirió excluir a instituciones bancarias de exposición a activos digitales y mantiene la prohibición de criptomonedas privadas respaldadas por monedas fiduciarias como opción viable. Desde su perspectiva, una expansión de estos activos reduciría control de autoridades sobre flujos monetarios internos.
Funcionarios fiscales comparten preocupaciones sobre operaciones realizadas en el extranjero. Según datos disponibles, menos del 25% de 645.000 personas que transaron criptomonedas durante el año terminado en marzo de 2023 reportaron sus ganancias, sugiriendo evasión tributaria significativa.
¿Por qué usuarios migran hacia exchanges extranjeros?
El sistema tributario vigente ha generado críticas sobre si impulsa actividad cripto fuera de India. Raghav Chadha, miembro de Rajya Sabha, afirmó ante el Parlamento en febrero de 2026 que aproximadamente el 73% del volumen de criptomonedas de India se había trasladado a exchanges extranjeros.
Chadha también sostuvo que alrededor de 120 millones de indios utilizan plataformas internacionales y que aproximadamente 180 startups de criptomonedas habían abandonado India. Sus declaraciones presentaron la migración como señal de que incertidumbre regulatoria y fiscal reducen actividad local.
El parlamentario resumió su posición con una frase contundente: "La prohibición no es protección. La regulación es protección". El argumento sostiene que prohibición puede desplazar usuarios hacia jurisdicciones menos accesibles para autoridades sin eliminar demanda. Manhar Garegrat, jefe de Liminal Custody, calificó las recomendaciones como "un paso constructivo hacia un ecosistema de activos digitales más maduro en India".
Base de usuarios verificados: 39,3 millones de indios con activos cripto
El RBI reportó que India tenía 54 proveedores de servicios registrados ante la Unidad de Inteligencia Financiera y 39,3 millones de usuarios verificados mediante KYC que poseían aproximadamente 20.437 crore de rupias (equivalente a cerca de US$ 2.400 millones).
Esta cifra demuestra actividad doméstica relevante pese a falta de reconocimiento legal y posición restrictiva del banco central. Los usuarios verificados enfrentan paradoja regulatoria: autoridades pueden identificar actividad mediante KYC y mecanismos fiscales, pero no han establecido reglas completas para proteger fondos o resolver disputas.
El modelo de SRO podría ofrecer estándares mínimos para exchanges mientras avanza proceso legislativo. No obstante, eficacia dependerá del alcance de supervisión pública y capacidad de organizaciones para sancionar incumplimientos. Los próximos pasos dependerán del gobierno indio, que debe decidir si convierte la recomendación en política formal.
Impacto para empresas argentinas: oportunidades en la regulación cripto india
La propuesta india de autorregulación genera implicaciones indirectas para empresas argentinas operando en criptomonedas o servicios financieros digitales. El modelo de SRO bajo supervisión estatal representa un precedente para regulaciones emergentes en mercados en desarrollo, similar al contexto normativo que enfrenta Argentina.
Para administradores de negocios argentinos con exposición a activos digitales o servicios cripto, el avance indio señala tendencias regulatorias globales: gobiernos buscan equilibrio entre protección de inversores y evitar prohibiciones que desplacen actividad hacia jurisdicciones no supervisadas. Esta lógica podría influir en futuras políticas locales respecto a criptomonedas y fintech.
Empresas argentinas en sectores de tecnología financiera, custodia de activos o plataformas de trading podrían estudiar el marco indio como referencia para anticipar evoluciones normativas. La claridad regulatoria que India busca mediante SRO representa ventaja competitiva frente a prohibiciones, modelo que podría considerarse en contextos similares al argentino donde existe demanda de usuarios pero ausencia de marcos legales completos.
