Los ingresos tributarios argentinos enfrentan una caída generalizada durante 2026, pero el impuesto a los combustibles emerge como excepción con un crecimiento significativo que no se traduce en mejoras de infraestructura vial. Este desfasaje entre recaudación y ejecución de obras refleja la parálisis de la obra pública mientras avanza el proceso de concesiones privadas de rutas nacionales.
¿Cuánto creció el impuesto a los combustibles en 2026?
Durante los primeros siete meses de 2026, el impuesto a los combustibles acumuló un aumento del 20,5%, posicionándose como el tributo de mayor crecimiento entre los principales. Le siguen bienes personales con 8,3% y Ganancias con 5,1%. A pesar de este dinamismo, el impuesto representa apenas el 2,9% de los ingresos totales, habiendo recaudado más de $3.000.000.000.000,00 en el período.
El incremento obedece a dos factores principales: la congelación de actualizaciones que se mantuvieron en gestiones anteriores y la suba del precio de los combustibles en el mercado. La recomposición del tributo ha sido notable: pasó de representar el 8,9% del precio final de la nafta súper en noviembre de 2023 al 18,6% en julio de 2026.
Fondos específicos para infraestructura que no se ejecutan
La Ley 23.966 establece que los ingresos del impuesto deben distribuirse entre múltiples destinos específicos de infraestructura. La asignación contempla: Tesoro nacional (10,40%), Fondo Nacional de la Vivienda (15,07% —programa paralizado—), provincias (10,40%), sistema de seguridad social (28,69%), fideicomiso de infraestructura hídrica (4,31%), fideicomiso de infraestructura de transporte (28,58%) y fondo de compensación del transporte público (2,55%).
El fideicomiso de infraestructura hídrica, por ejemplo, acumula $34.922.000.000,00 en cuentas a la vista y $258.000.000.000,00 invertidos en Lecap. Sin embargo, desde el cambio de gestión en 2023, la obra pública se encuentra paralizada mientras el Gobierno avanza en la concesión de la Red Federal de Concesiones para traspasar la gestión de rutas a operadores privados.
¿Cuánto dinero dejó de invertirse en vialidad?
Analistas del Instituto Argentina Grande estiman que la Dirección Nacional de Vialidad podría haber invertido $1.300.000.000.000,00 en los últimos tres años utilizando solo los ingresos del impuesto a combustibles, sin requerir transferencias adicionales del Tesoro. Esto representa una asignación anual aproximada de $500.000.000.000,00 por vigencia del tributo.
Con esos recursos, la dirección habría podido cubrir el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de red vial nacional, equivalente a una cuarta parte de la red total. Sin embargo, la Dirección de Vialidad utilizó apenas el 33% de los ingresos recibidos, lo que significa que dejó de invertir aproximadamente $62.000.000.000,00 adicionales en los últimos tres años.
La inversión real en infraestructura se desplomó
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) documentó que durante el primer semestre de 2026 la inversión real directa cayó 42,4% en términos interanuales. La caída más pronunciada afectó a la Dirección Nacional de Vialidad, que registró una contracción de 49,8% en sus recursos respecto al mismo período de 2025.
Según la justificación oficial presentada por la gestión anterior, los recursos no ejecutados contribuyen al superávit fiscal, un criterio contable utilizado internacionalmente. En contexto de presión sobre los ingresos tributarios, los fondos destinados a infraestructura terminaron siendo reasignados para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
Provincias buscan hacerse cargo de las rutas
Ante el deterioro de la infraestructura vial, gobernadores han solicitado el traspaso de obras para financiarlas con recursos propios. Algunos recurrieron a financiamiento externo para obtener fondos. El caso más significativo fue la transferencia por 20 años de la Ruta A012 a la provincia de Santa Fe, que estima una inversión de $4.300.000.000,00 para poner a punto esta vía de acceso a los puertos.
Impacto en empresas y administradores: infraestructura como limitante competitivo
Para dueños y administradores de empresas argentinas, la parálisis de inversión en infraestructura vial representa un riesgo operativo creciente. La degradación de rutas impacta directamente en costos logísticos, tiempos de entrega y competitividad, especialmente en sectores clave como agroexportación y energía, donde la infraestructura se ha convertido en un "cuello de botella" crítico.
El modelo de concesiones privadas aún en desarrollo podría mejorar la situación, pero genera incertidumbre sobre tarifas de peaje y cronogramas de inversión. Empresas con operaciones nacionales deben anticipar mayores costos de transporte y planificar rutas alternativas mientras se define el futuro de la Red Federal de Concesiones. La recaudación creciente del impuesto a combustibles, si no se ejecuta en mantenimiento preventivo, profundizará el deterioro y encarecerá la logística nacional.
