El gobierno bonaerense intensificó su reclamo al Ejecutivo nacional para que autorice los avales necesarios destinados a financiamiento internacional para obras hídricas y cloacales en la provincia de Buenos Aires. Según denunció el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante julio de 2026, la Casa Rosada mantiene bloqueado un mecanismo que no requiere desembolsos del Tesoro nacional, sino únicamente la firma de garantías para que la Provincia acceda a créditos de organismos multilaterales.
¿Cuál es el obstáculo para los avales de financiamiento internacional?
El único requisito técnico que el Ministerio de Economía exige es que el endeudamiento solicitado no supere el 8% del presupuesto provincial. De acuerdo con los números que expuso Bianco, los montos requeridos actualmente no alcanzan el 4%, lo que descartaría cualquier impedimento financiero para que la Nación firme las garantías. Esta brecha entre el límite permitido y la solicitud real refuerza, según la interpretación de La Plata, que se trata de una decisión exclusivamente política.
Bianco señaló directamente al presidente Javier Milei como responsable último de la negativa, diferenciando esta decisión de los funcionarios del Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete o la vocería presidencial. Para el funcionario bonaerense, existe una estrategia deliberada de desfinanciamiento que va más allá de los recortes de transferencias automáticas.
Proyectos paralizados por falta de avales nacionales
El caso más visible es la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, que comprende La Plata, Berisso y Ensenada. Esta obra requiere una inversión de US$ 270 millones y ya cuenta con financiamiento comprometido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero aguarda la firma de Luis Caputo, ministro de Economía, para avanzar.
Más allá de este proyecto, la cartera bonaerense de obras frenadas por ausencia de avales incluye:
- Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores
- Segunda etapa del Acueducto Parque San Martín y obras complementarias
- Ampliación de la capacidad del río Salado en el tramo V, etapas 1 y 2
- Nueva planta potabilizadora y obras complementarias en la Región Capital
- Obras hídricas e hidráulicas en la cuenca del río Luján
- Intervenciones hidráulicas en distintos municipios bonaerenses
La dimensión política: presión sobre Santilli
El gobierno de Axel Kicillof aprovecha el conflicto para marcar la cancha a Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete y potencial candidato a gobernador bonaerense en 2027. Desde La Plata sostienen que Santilli no puede presentarse como defensor de los intereses provinciales si, en su rol anterior como ministro del Interior y ahora desde la Jefatura de Gabinete, no intercede para destrabar obras que dependen de una firma del Gobierno nacional.
Bianco fue directo en sus críticas públicas durante julio de 2026: denunció que Santilli no respondió llamadas ni notas formales en las que se solicitaba una reunión. Esta estrategia bonaerense busca instalar que la responsabilidad de la asfixia financiera recae en Milei, pero que Santilli tiene la obligación política de actuar como puente entre los intereses de la Provincia y la Casa Rosada.
El respaldo de la Justicia Federal
Durante 2026, el conflicto escaló también en la arena judicial. El juez federal Alberto Recondo resolvió favorablemente un pedido del gobierno bonaerense, fijando un plazo de diez días para que el Ministerio de Economía respondiera sobre los pedidos de aval presentados por la gestión de Kicillof. Sin embargo, según denunció La Plata, ese plazo venció sin respuesta ni cumplimiento de lo ordenado por el magistrado.
Impacto en las empresas y obras públicas bonaerenses
Para los administradores de empresas y contratistas bonaerenses, el bloqueo de estos avales genera un efecto cascada. La paralización de obras hídricas y cloacales no solo afecta la agenda de inversión pública provincial, sino que también impacta en las cadenas de suministro, empleo en la construcción y disponibilidad de servicios básicos en municipios de la provincia de Buenos Aires.
Desde la perspectiva de La Plata, la negativa a firmar avales constituye una herramienta de presión política más sofisticada que los recortes directos: permite al Gobierno nacional bloquear financiamiento externo sin asumir la responsabilidad de un recorte explícito. Para las empresas contratistas y proveedoras del sector, esta incertidumbre prolonga la paralización de proyectos que ya contaban con fondos asignados internacionalmente, generando pérdidas operativas y ajustes en sus estructuras de costos.
