Corea del Sur avanza hacia una reforma legal que permitiría a las autoridades confiscar criptomonedas almacenadas en billeteras de autocustodia, cerrando un vacío que hoy facilita el movimiento de fondos incluso tras órdenes judiciales.
¿Por qué Corea del Sur busca controlar las billeteras privadas de criptomonedas?
La propuesta legislativa surge de una limitación práctica: aunque fiscales y policías obtengan una orden de búsqueda y confiscación, el sospechoso puede retener el control de sus activos digitales si mantiene la clave privada o la frase semilla. Durante 2025 y lo que va de 2026, Corea del Sur enfrentó varios incidentes que expusieron esta vulnerabilidad en el sistema de justicia penal.
Cuatro investigadores liderados por Jang Heuiwon, del Servicio Nacional de Impuestos, presentaron en junio de 2026 un estudio titulado "Límites de la ejecución de confiscación de activos virtuales de autocustodia y una propuesta legislativa" en la Korean Criminological Review. El documento propone modificar la Ley de Procedimiento Penal para adaptar los mecanismos de incautación al funcionamiento de las blockchains.
El precedente judicial que impulsa la reforma
En diciembre de 2025, el Tribunal Supremo de Corea del Sur confirmó que Bitcoin almacenado en exchanges puede ser confiscado legalmente. El caso involucraba 55,6 BTC avaluados en aproximadamente US$ 4.100.000,00. El tribunal rechazó el argumento de que las criptomonedas son solo datos y concluyó que poseen manejabilidad, transferibilidad y valor económico independiente.
Sin embargo, la sentencia no especificó cómo deben incautarse los activos cuando el sospechoso es el único que controla el acceso mediante su clave privada. Actualmente, las autoridades recurren al Artículo 120 de la Ley de Procedimiento Penal, una herramienta diseñada para abrir cerraduras físicas que resulta insuficiente para los criptoactivos.
¿Cómo funcionaría el nuevo mecanismo de confiscación?
Los investigadores proponen que las órdenes judiciales sean extraordinariamente precisas. Deberían especificar:
- El tipo y cantidad exacta de criptomonedas a confiscar
- La dirección de origen confirmada en la blockchain
- La dirección de destino y método de transferencia
- El almacenamiento posterior de los activos
La propuesta rechaza que los fondos se guarden en una dirección controlada exclusivamente por los investigadores, ya que concentrar el poder en una sola entidad crearía un objetivo atractivo para atacantes. En su lugar, plantean utilizar una dirección compartida entre el tribunal, la agencia investigadora y el titular o sus derechohabientes, distribuyendo el riesgo y la responsabilidad.
Cuando existan indicios de que el sospechoso intentará deshacerse de sus tenencias, la propuesta contempla un movimiento inicial hacia una dirección temporal designada por el tribunal, permitiendo una intervención rápida sin comprometer la seguridad de los fondos.
Los incidentes que presionan la aprobación de la reforma
Durante 2026, Corea del Sur registró pérdidas significativas de criptomonedas confiscadas. En enero, aproximadamente 320 BTC desaparecieron de la Oficina del Fiscal del Distrito de Gwangju, representando unos US$ 48.000.000,00 en ese momento. El problema se vinculó con manejo deficiente de billeteras USB y claves privadas.
En febrero, otros 22 BTC (aproximadamente US$ 1.500.000,00) desaparecieron de activos confiscados por la policía de Gangnam en 2021. Ese mismo mes, el Servicio Nacional de Impuestos cometió un error crítico: expuso una frase de recuperación en un comunicado de prensa. Personas no autorizadas transfirieron inmediatamente US$ 4.800.000,00 en activos digitales.
Estos episodios demostraron que la confiscación no termina cuando las autoridades obtienen los activos: la custodia posterior es igualmente crítica. Una clave mal almacenada, una copia extraviada o una transferencia equivocada genera pérdidas irreversibles en la blockchain.
Tecnología e inteligencia artificial para rastrear fondos
En respuesta, la Agencia Nacional de Policía contrató a Dunamu como custodio profesional para almacenar criptomonedas confiscadas durante cinco años, cubriendo aproximadamente 54.500.000.000 KRW en activos. Esta medida separa la investigación policial de la administración técnica de los fondos.
El Servicio Nacional de Impuestos también inició en mayo de 2026 la construcción de un sistema impulsado por inteligencia artificial, con presupuesto de US$ 2.200.000,00 y conclusión prevista para finales de 2026. El sistema integrará registros de transacciones de exchanges como Upbit y Bithumb con información pública de blockchain para identificar patrones de lavado de dinero y evasión fiscal.
Sin embargo, detectar una transferencia sospechosa no equivale automáticamente a controlar los activos. Por eso la reforma legal avanza en paralelo con el desarrollo tecnológico: la inteligencia artificial puede señalar operaciones irregulares, pero las autoridades necesitan una base jurídica clara para intervenir sobre fondos bajo autocustodia.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
El caso surcoreano refleja una tensión global que afecta directamente a empresas argentinas que operan o invierten en criptomonedas. La reforma legal en Corea del Sur anticipa tendencias regulatorias que probablemente llegarán a Argentina y otros mercados.
Para dueños y administradores de empresas con tenencias de criptoactivos, la lección es clara: la autocustodia ofrece control pero también expone a nuevas obligaciones legales y riesgos operativos. Las autoridades están desarrollando herramientas técnicas y marcos legales para intervenir sobre billeteras privadas cuando sospechen evasión fiscal o lavado de dinero.
Además, los incidentes surcoreanos muestran que incluso los gobiernos enfrentan desafíos graves en la custodia de criptomonedas. Si un país desarrollado pierde US$ 4.800.000,00 por exponer una frase de recuperación, los riesgos operativos son reales y costosos. Las empresas argentinas deben evaluar si sus procedimientos internos de seguridad son tan robustos como los que deberían exigir a custodios profesionales.
La propuesta surcoreana no elimina la autocustodia, pero establece procedimientos para intervenir cuando existe orden judicial. Su aprobación podría inspirar legislaciones similares en jurisdicciones donde operan empresas argentinas, modificando el entorno regulatorio de los criptoactivos en el corto plazo.
