La Corte Suprema de Corea del Sur abrió consulta pública sobre reglas que estandarizarán cómo los tribunales congelan, transfieren y liquidan criptomonedas para cobrar deudas civiles, con entrada en vigor prevista para octubre de 2026.
¿Cuándo entran en vigor las nuevas reglas de incautación de criptomonedas?
La consulta pública sobre las nuevas disposiciones se extenderá hasta el 11 de agosto de 2026, y su entrada en vigor está prevista para el 1 de octubre de 2026. La Corte Suprema publicó la propuesta el 2 de julio de 2026, buscando estandarizar los procedimientos para congelar, incautar, transferir y liquidar activos digitales cuando deben utilizarse para satisfacer deudas civiles en procesos judiciales.
Esta iniciativa llega en un contexto donde más de 16 millones de personas en Corea del Sur—aproximadamente un tercio de la población—poseen cuentas de criptomonedas. Ese nivel de adopción ha obligado a los tribunales a enfrentar cada vez más disputas en las que los activos virtuales forman parte del patrimonio de los deudores.
Cómo funcionaría el embargo de criptomonedas bajo el nuevo esquema
El borrador define los activos virtuales como propiedad intangible con valor económico, lo que permite encajarlos dentro de la lógica de la ejecución civil tradicional. Si un deudor posee criptomonedas, esos activos pueden ser perseguidos judicialmente para cubrir obligaciones pendientes con acreedores.
El proceso comenzaría con una orden judicial de embargo o congelación. Desde ese momento, el deudor ya no podría transferir ni disponer de las criptomonedas afectadas. La propuesta asigna un papel directo a las plataformas que custodian esos fondos: si los criptoactivos están bajo resguardo de un exchange u otro proveedor de servicios de activos virtuales, la plataforma tendría la obligación de transferirlos al agente de ejecución.
Solo después de esa transferencia, la incautación se consideraría legalmente efectiva. Una vez bajo control del agente de ejecución, el acreedor podría recibir la criptomoneda directamente o solicitar autorización judicial para liquidarla. El agente abriría una cuenta con un proveedor de servicios de activos virtuales para recibir las monedas incautadas y decidir si venderlas al precio de mercado o convertir ciertos tokens antes de la venta final.
¿Qué sucede con los tokens ilíquidos en procesos de incautación?
Uno de los puntos más delicados del borrador es el tratamiento de altcoins ilíquidos. Estos activos suelen representar un desafío en procesos judicales porque no siempre tienen un mercado suficiente para convertirlos rápidamente en efectivo. Según la propuesta, los agentes de ejecución podrían intercambiar esos tokens por reclamos de moneda o por activos más comercializables antes de la venta definitiva.
El texto contempla incluso la conversión hacia criptomonedas que se negocian activamente, como Bitcoin o Ethereum, si eso facilita la liquidación. La propuesta también introduce mecanismos de preservación más amplios: los acreedores podrían solicitar medidas de conservación provisional y órdenes de prohibición de disposición incluso antes de que concluya un litigio completo, cerrando la brecha de que los fondos puedan moverse en segundos y el deudor transfiera o esconda los activos antes de la ejecución de una sentencia.
El marco regulatorio previo en Corea del Sur
La propuesta no surge en el vacío. En julio de 2024 entró en vigor la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, que elevó las exigencias para los proveedores de servicios de activos virtuales y reforzó la seguridad de las transacciones en el sector.
Un antecedente clave es un fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre de 2025. En ese caso, el tribunal determinó que 55,6 BTC alojados en una cuenta de exchange podían ser confiscados dentro de una investigación por lavado de dinero. La Corte rechazó la idea de que Bitcoin fuera simplemente información sin naturaleza patrimonial y sostuvo que los activos mantenidos por un exchange tienen valor económico independiente y califican como propiedad administrada electrónicamente.
Sin embargo, una cosa es admitir el decomiso en un caso penal y otra muy distinta es definir paso a paso cómo ejecutar deudas civiles ordinarias con criptoactivos. Precisamente allí se ubica el nuevo borrador, que intenta tender un puente entre la doctrina judicial existente y una práctica uniforme aplicable en tribunales de todo el país.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Aunque la regulación es de Corea del Sur, sus implicaciones trascienden fronteras y ofrecen lecciones relevantes para administradores y dueños de empresas argentinas que operan con criptomonedas o tienen deudores que poseen estos activos. El avance surcoreano marca una tendencia global: los activos digitales dejan de ser un terreno gris regulatorio para integrarse como bienes patrimoniales sujetos a ejecución judicial tradicional.
Para empresas argentinas, esto significa que la capacidad de recuperar deudas a través de criptomonedas dependerá cada vez más de marcos legales claros en las jurisdicciones donde operan. A medida que más países adopten procedimientos similares al surcoreano, los acreedores contarán con herramientas más predecibles para ejecutar garantías digitales. Paralelamente, los deudores que mantienen activos en exchanges centralizados verán reducida su capacidad de evasión, ya que las plataformas estarán obligadas a cumplir órdenes judiciales. Para administradores de empresas, el mensaje es claro: la documentación, custodia y valoración de criptoactivos en balances requieren cada vez más rigor contable y legal, similar al de cualquier activo tradicional.
