El Ministerio de Economía apuesta a la construcción como motor de reactivación económica durante 2026, con negociaciones en marcha sobre un bono de $220.000 millones para cancelar deudas con contratistas estatales y propuestas para financiar viviendas de clase media.
El ministro Luis Caputo ha señalado que los próximos 18 meses serán decisivos para el crecimiento económico, con la construcción como eje central junto a la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y la Inocencia Fiscal. Desde el Palacio de Hacienda se mantienen conversaciones activas con empresarios del sector para resolver deudas pendientes y diseñar mecanismos de estímulo crediticio que reactiven la inversión en viviendas.
¿Cuáles son las dudas sobre el bono de cancelación de deudas?
La reunión clave entre el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, y la Cámara Argentina de la Construcción (Cammarco) está prevista para esta semana, donde se discutirán los términos del bono de $220.000 millones destinado a cancelar pasivos con contratistas. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el mecanismo: la adhesión al bono implica que las empresas renuncien a cualquier reclamo adicional ante el Estado, lo que genera reticencia entre algunos actores.
Según fuentes empresariales consultadas, la decisión de adherirse dependerá de la magnitud de los reclamos pendientes de cada firma. Algunas empresas con deudas menores o sin litigios adicionales podrían sumarse sin inconvenientes, mientras que otras preferirán mantener abiertos sus canales de negociación. Esta incertidumbre sobre la tasa de adhesión genera dudas respecto de si el monto disponible será suficiente para cubrir todas las obligaciones pendientes.
Propuestas para financiar viviendas: FSG e hipotecas
El sector constructor ha presentado iniciativas para dinamizar el mercado habitacional destinado a la clase media. Una propuesta central contempla utilizar recursos provenientes de la venta de acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FSG), lo que requeriría aprobación legislativa en el Congreso. El objetivo es destinar entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones a descuentos en hipotecas, ampliando así el acceso al crédito habitacional.
El viceministro José Luis Daza confirmó recientemente que el Ministerio analiza distintos canales para acelerar el acceso al crédito en pesos y dólares dentro del sector. No obstante, participantes de las mesas de negociación advierten que las propuestas quedan en etapa de revisión sin avances rápidos, lo que genera incertidumbre sobre los plazos de implementación.
FAL unificado: una estrategia para liberar capital
Otra iniciativa relevante propone reorganizar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) mediante la consolidación de cuentas individuales en una o varias cuentas grandes. Este esquema permitiría canalizar los remanentes no utilizados en indemnizaciones hacia financiamiento hipotecario, potenciando la capacidad crediticia del sistema.
El FAL, sin embargo, enfrenta su propio calendario de postergaciones. En mayo de 2026, el Gobierno decidió aplazar su puesta en marcha hasta el 1° de noviembre de 2026, en línea con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para preservar el superávit fiscal. La Ley de Modernización permitió este retraso, aunque existe preocupación entre funcionarios respecto de si será necesaria una nueva prórroga si los ingresos fiscales no mejoran, lo que requeriría una ley adicional del Congreso.
Impacto para empresas y administradores: oportunidades y riesgos
Para los dueños y administradores de empresas constructoras, estas negociaciones representan tanto oportunidades como desafíos. La cancelación de deudas con el Estado a través del bono ofrece alivio de pasivos, aunque con la restricción de renunciar a reclamos futuros. El acceso ampliado a crédito hipotecario podría reactivar la demanda de viviendas y, con ella, la cadena de suministros y empleo en construcción durante 2026 y 2027.
La consolidación del FAL y el destino de recursos del FSG hacia hipotecas abren posibilidades de financiamiento más accesible para clientes finales, lo que podría traducirse en mayor volumen de proyectos. Sin embargo, la incertidumbre sobre los plazos reales de implementación, la dependencia de aprobaciones legislativas y el retraso en la definición de los mecanismos exigen que las empresas mantengan prudencia en la planificación de inversiones. La velocidad con la que Herrmann y su equipo cierren acuerdos con Cammarco será clave para evaluar si estas iniciativas se concretan antes de fin de año o enfrentan nuevas postergaciones.
