Elisa Carrió y dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un documento de rechazo a la reforma de la Ley de Tierras que el Gobierno impulsa, argumentando que habilita mayor extranjerización y compromete la soberanía nacional sobre recursos estratégicos.
¿Qué cambios propone la reforma de la Ley de Tierras?
El Senado se prepara para tratar el próximo jueves una reforma a la Ley de Propiedad Privada que incluye modificaciones sustanciales al régimen de propiedad de tierras rurales. El proyecto oficial busca flexibilizar las restricciones establecidas por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que durante más de una década ha regulado la adquisición de tierras por parte de extranjeros en territorio argentino.
La norma vigente fija límites claros: los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, impone restricciones específicas sobre predios ubicados en zonas de frontera o que contengan cuerpos de agua permanentes o de importancia estratégica. El Ejecutivo considera que estas limitaciones desincentivan inversiones extranjeras y busca avanzar hacia un esquema más permisivo.
Los argumentos de Carrió contra la flexibilización
Bajo el título "Los argentinos perdemos la tierra, perdemos el agua, perdemos la dignidad", el documento firmado por Carrió, referentes de la Coalición Cívica y miembros de la asociación civil Voces por la Cultura, la Paz y la Justicia sostiene que la iniciativa oficial "constituye una entrega de poder sobre el territorio argentino". Los firmantes argumentan que la reforma elimina límites sustanciales y traslada al Poder Ejecutivo y gobernadores decisiones estratégicas sobre compras realizadas por Estados extranjeros.
El pronunciamiento eleva el tono al advertir que "quienes acompañen esta reforma incurren en una conducta que el artículo 29 de la Constitución Nacional califica como traición a la patria"." Esta afirmación busca elevar el debate político y constitucional alrededor de la iniciativa, conectando la cuestión de tierras con principios fundamentales de la soberanía nacional.
Soberanía, agua y recursos estratégicos en riesgo
Según el documento, el cambio normativo propuesto "compromete la soberanía nacional, el control sobre el agua, los recursos naturales y las zonas estratégicas del país"." Los firmantes enmarcan la reforma dentro de una estrategia más amplia del Gobierno que, en su interpretación, pretende convertir a la Argentina en un "territorio de ensayo para grandes empresas tecnológicas y poderes privados globales" que buscan sustituir reglas públicas por reglas privadas.
Desde esta perspectiva, advierten que "la libertad deja de ser una garantía de los ciudadanos frente al poder y pasa a convertirse en privilegio de quienes concentran datos, infraestructura, financiamiento y territorio"." El análisis conecta la reforma de tierras con otras medidas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo durante 2026.
Debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado
Los referentes de Voces por la Cultura sostienen que la reforma debe analizarse junto con otras iniciativas de desregulación: flexibilización de controles societarios, posibilidad de recurrir a jurisdicciones extranjeras e incorporación de nuevas figuras societarias automatizadas. Estos cambios, en conjunto, configurarían un proceso de debilitamiento de la capacidad regulatoria estatal.
Sin embargo, el texto aclara que la crítica no implica una defensa de un Estado con exceso de regulaciones. El documento reconoce que "los argentinos conocemos los costos de la mala regulación: burocracia inútil, privilegios, discrecionalidad, corrupción y captura del Estado"." Pero advierte que el poder privado también puede concentrarse, capturar decisiones públicas e imponer reglas de hecho sin control democrático.
Impacto para empresas y administradores de negocios argentinos
Para los dueños y administradores de empresas argentinas, esta reforma representa un punto de inflexión en las reglas de juego del mercado de tierras. Si la flexibilización avanza, competirían directamente con capitales extranjeros sin las restricciones actuales, potencialmente elevando los precios de adquisición y limitando el acceso a predios estratégicos. Además, la transferencia de decisiones al Ejecutivo introduce mayor incertidumbre regulatoria sobre qué tipos de inversión extranjera serán autorizadas. Las empresas que operan en sectores vinculados a recursos naturales, agua y zonas fronterizas deberán monitorear estrechamente la evolución del debate legislativo durante julio de 2026, ya que los cambios normativos podrían alterar significativamente la estructura de costos y disponibilidad de activos productivos en el mediano plazo.
