El Gobierno argentino anunció que continuará con acciones legales tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos al recurso presentado contra el fondo Titan Consortium por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008. La sentencia ratificada este martes obliga al país a pagar USD 390,9 millones, más intereses devengados desde diciembre de 2024.
¿Cuáles son los antecedentes del litigio por Aerolíneas?
El conflicto se remonta a la nacionalización de la aerolínea cuando estaba en manos del grupo español Marsans. En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Argentina a pagar aproximadamente USD 321 millones más intereses y costas. Tras el pedido de anulación, la resolución quedó firme en 2019.
Posteriormente, en 2021, Titan Consortium LLC —firma que adquirió los derechos de litigio— solicitó el reconocimiento y ejecución del laudo ante tribunales estadounidenses. Durante 2024, ese tribunal rechazó el argumento argentino sobre un plazo de prescripción de tres años y aplicó un término de doce años, ratificando el monto de USD 390,9 millones.
¿Qué opciones legales le quedan a Argentina?
En 2025, el Estado argentino apeló ese fallo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones confirmó la resolución de primera instancia y ratificó el plazo de prescripción aplicable. Fuentes de la Procuración del Tesoro informaron que se encuentran analizando todas las herramientas disponibles para revertir o mitigar el impacto de la sentencia.
El equipo jurídico argentino evalúa solicitar un rehearing en banc, es decir, una nueva revisión de la decisión del tribunal. Si esa instancia resulta desfavorable, la última alternativa sería recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Este mecanismo fue empleado, por ejemplo, en el litigio de Burford Capital por la estatización de YPF, aunque la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York desestimó posteriormente esa medida.
La gestión de Marsans y el contexto de la estatización
Según análisis del sector, Marsans —cuyo grupo enfrentó condenas en España— realizó un vaciamiento sistemático de Aerolíneas Argentinas. La empresa trasladó aviones hacia Iberia, proporcionándole a la línea aérea argentina únicamente aeronaves antiguas y deterioradas. Además, vendió activos estratégicos como oficinas en ciudades clave (Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas), simuladores de vuelo esenciales para la capacitación y rutas internacionales hacia Europa.
Marsans dejó de gestionar Aerolíneas Argentinas y Austral acumulando una deuda cercana a USD 890 millones, tras haber adquirido ambas compañías en 2001 por un precio simbólico de un dólar a un organismo estatal español.
El desempeño operativo post-reestatización de Aerolíneas
A pesar del litigio internacional, Aerolíneas Argentinas ha mostrado recuperación operativa. Durante 2025, la aerolínea estatal cerró con un superávit operativo de USD 112,7 millones, casi el doble del resultado de 2024 (USD 56,6 millones). Este marca el segundo saldo positivo consecutivo tras 16 años de déficit operativo.
Con una facturación que superó los USD 2.200 millones en 2025, la empresa destacó que por primera vez desde su reestatización en 2008 no requirió transferencias del Tesoro. Entre 2008 y 2023, la firma había registrado un déficit operativo promedio de USD 400 millones anuales y demandó al Estado más de USD 8.000 millones.
En paralelo, durante 2025 Aerolíneas disminuyó su deuda bancaria y financiera en un 41%, pasando de USD 341,9 millones en diciembre de 2023 a USD 207,4 millones en igual mes de 2025, como parte de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas.
Impacto financiero para empresas y administradores de negocios argentinos
El litigio por Aerolíneas Argentinas genera incertidumbre en materia de inversión estatal y presupuesto público. Un pago de USD 390,9 millones representa una carga significativa para las finanzas fiscales del país, con potencial impacto en políticas de gasto e inversión en infraestructura y servicios empresariales. Para administradores de empresas, la resolución de este conflicto es crítica: define el marco de seguridad jurídica para operaciones en el sector aeroportuario y transporte, y señala cómo el Estado argentino resuelve controversias internacionales de largo plazo. La continuidad de los recursos legales mantiene la incertidumbre sobre el timing del desembolso, afectando la planificación financiera de corto y mediano plazo del sector público.
