La Procuración del Tesoro tiene plazo hasta el 20 de agosto de 2026 para solicitar una revisión ante la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia y así intentar revertir la condena de US$ 390.907.115,55 vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ordenada en 2008. Esta es la última oportunidad procesal antes de que el caso pueda escalar a la Corte Suprema estadounidense, bajo la conducción del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
¿Cuál es el monto exacto que debe pagar la Argentina?
El tribunal estadounidense fijó una condena de US$ 390.907.115,55 a favor de Titan Consortium, cifra que se ha acumulado desde diciembre de 2024 con intereses adicionales. El monto original surgió de un laudo arbitral de 2017 ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que condenó a la Argentina a pagar aproximadamente US$ 321 millones por la expropiación de las aerolíneas al grupo español Marsans.
Con el paso de los años y la transferencia de los derechos económicos a Titan Consortium en 2021, el reclamo creció significativamente. Los demandantes ahora buscan, además del pago, identificar activos argentinos en territorio estadounidense para ejecutar la sentencia, aunque la estrategia del Gobierno intenta dilatar los tiempos procesales mediante esta nueva instancia de revisión.
¿Qué cuestión procesal puede llevar el caso a la Corte Suprema?
El debate central no gira sobre las condiciones de la expropiación en sí, sino sobre cuánto tiempo tenía Titan Consortium para solicitar ante la Justicia estadounidense el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. La defensa argentina argumentó que el reclamo había prescripto bajo un plazo de tres años, mientras que los tribunales estadounidenses aplicaron un período de doce años, permitiendo que la acción iniciada en 2021 permaneciera vigente.
Si la Cámara de Apelaciones rechaza nuevamente el planteo argentino —como ya lo hizo el 21 de julio pasado—, el Gobierno conservará la opción de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia. Sin embargo, la intervención del máximo tribunal estadounidense no está garantizada, ya que tiene discrecionalidad para seleccionar los casos que revisa.
Antecedentes: la expropiación de 2008 y su largo litigio
El conflicto originó en 2008, cuando el Gobierno argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans. Las compañías accionistas iniciaron un arbitraje ante el CIADI, que en 2017 condenó al Estado argentino a pagar aproximadamente US$ 321 millones más intereses y costas. El intento argentino de anular esa decisión fue rechazado en 2019.
Dado que los procesos arbitrales del CIADI no contemplan ejecución directa, los acreedores debieron recurrir a tribunales nacionales para obtener el reconocimiento del laudo. Los derechos económicos derivados del litigio pasaron posteriormente a manos de Titan Consortium, que en 2021 presentó la demanda ante la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral.
Estrategia del Gobierno: usar todas las herramientas procesales disponibles
Desde la Casa Rosada argumentan que, frente a litigios de magnitud que enfrenta el Estado, la política es utilizar todas las instancias de revisión disponibles para evitar que las condenas queden firmes. Esta estrategia se replica en otros litigios internacionales relevantes, como el caso de YPF, y refleja un enfoque de dilación temporal mientras existan recursos legales pendientes.
La precisión jurídica relevante es que la condena no recae sobre Aerolíneas Argentinas como compañía, sino sobre el Estado argentino por la expropiación de 2008. Por lo tanto, la hoja de ruta inmediata queda concentrada en Washington, con el pedido de revisión como último movimiento antes de una eventual escalada a la Corte Suprema.
Impacto financiero y de gestión para empresas argentinas en litigios internacionales
Para los administradores y dueños de empresas argentinas, este caso ilustra los riesgos de las expropiaciones y las complejidades del litigio internacional. Una condena de casi US$ 400 millones representa un desafío significativo para las finanzas públicas y afecta la credibilidad del país ante inversores extranjeros. La dilación procesal, aunque legítima desde la perspectiva legal, genera incertidumbre sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales.
Además, el caso evidencia cómo los derechos económicos pueden transferirse entre acreedores, complicando las negociaciones y ampliando los plazos de resolución. Para las empresas que operan en mercados internacionales o tienen activos en el exterior, estos litigios demuestran la importancia de estructurar contratos con cláusulas de protección claras y considerar seguros de riesgo político. El resultado final en Washington tendrá implicaciones no solo fiscales, sino también sobre la percepción de estabilidad jurídica que Argentina proyecta globalmente.
